Cabe recordar que, la semana pasada, durante el plenario de las Comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, del Senado, se trataron múltiples proyectos de ley referidos al financiamiento de las universidades nacionales. Entre ellos, estuvo el proyecto devenido de la Cámara de Diputados, el cual, finalmente, obtuvo dictamen para ser tratado en la próxima sesión. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó: “Se viene otro veto”.

El documento que lleva las firmas de la CONADU, la CONADU Histórica, el FEDUN, la CTERA, FAGDU, UDA y FATUN, es claro: “No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos”. Lo cierto es que, en relación con la inflación acumulada desde diciembre de 2023 a julio de 2024, docentes y no docentes han perdido alrededor del 56 por ciento del salario real. Al respecto, el texto sostiene que “la situación de emergencia en la que se encuentra la universidad pública no admite posposiciones”.

Por la gestación de una nueva marcha federal universitaria

A su vez, el Frente Sindical ratificó nuevamente su voluntad de “defender una universidad pública de calidad con salarios dignos” y convocó “al pueblo argentino a gestar una nueva marcha federal universitaria”. “Debemos expresar la voluntad ciudadana colectiva de mantener la universidad como garantía de educación para la igualdad, la producción de conocimientos para atender las problemáticas de nuestro pais y que sea motivo de nuestro orgullo”, enfatizaron.

En ese marco, las universidades aseguraron que “los salarios, el FONID, las obras sociales, los subsidios para investigación y extensión, las becas, los edificios, el equipamiento y los servicios, han tocado fondo”. De este modo, plantearon que “no se admite la postergación en la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario que fija un piso de solución de este grave estado de cosas”. Además, añadieron: “Cada día que pasa, se consolida la política de postración de la universidad pública implementada por el Gobierno nacional”.

La norma, aprobada en Diputados con 143 votos positivos, 77 negativos y una abstención, establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar en forma mensual el salario de los docentes y no docentes y el presupuesto de las instituciones en función del porcentaje de inflación que se establece mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, el período comprendido va desde diciembre de 2023 a diciembre de 2024.