SIGEN envió la carta a la UBA para comenzar con las auditorias en las universidades

El director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, anunció que comenzará con las auditorías este lunes y el organismo que conduce le enviará una carta al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, para que tenga a disposición los papeles que requiere y para que ponga a disposición un intermediario para facilitar los controles.

“Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, sostuvo el síndico, cuyo organismo esta semana volvió a recuperar la atribución de revisar las cuentas de las casas de estudio. Una actividad que estaba paralizada desde 2022, durante la gestión del Frente de Todos por un dictamen del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini.

En este contexto, Blanco informó que esta semana también comenzará “con algunos casos como la Universidad de La Matanza”, pero aclaró que dada la falta de personal para el resto aún falta armar los equipos de auditores y luego se priorizará en qué universidades seguir “en función de los volúmenes de fondos y calidad de convenios”.

Cabe precisar que, uno de los desafíos que tiene SIGEN para llevar adelante las auditorías en las universidades, es que la entidad cuenta con 530 trabajadores, por lo cual Blanco podría solicitar una exención para contratar más personal. “Estamos ajustados de gente y también de personal capacitado“, reconoció el síndico.

En cuanto al alcance de las auditorías, el directivo subrayó que el organismo se encarga fundamentalmente de ver el “sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos”.

No obstante, Blanco aclaró que no intervendrán en cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria, tal como la designación de autoridades o la elección de carreras y profesores: “Eso no está dentro de nuestro alcance”, remarcó. En tanto que, los informes de las auditorías estarán disponibles para el público a través de los mecanismos de acceso a la información pública y podrían ser publicados en la página web del organismo.

“Lo que hay que hacer es ver las facultades”, puntualizó el funcionario, tras detallar que uno de los puntos que estarán bajo revisión son los convenios firmados. En concreto, se revisará si los trabajos encargados a las universidades se realizan con recursos propios o si se subcontratan a terceros.

Según precisó Blanco, la auditoría deberá abarcar un universo de aproximadamente 2.200 convenios en universidades públicas de todo el país, que algunos son de actividades relacionadas con pasantías, prácticas profesionales y tareas que no están directamente vinculadas a la función académica.

“Recuerdo un caso de reparación de sanitarios donde una universidad contrató directamente a un plomero o una empresa de plomería. Esas cosas no deberían existir y es lo que queremos verificar”, señaló el Director de SIGEN, al tiempo que informó que abordará el rezago en el envío de reportes por parte de las casas de altos estudios.

En ese contexto, el Director de la Sindicatura General de la Nación advirtió que “en el caso que haya sospecha de corrupción, si hay algún síntoma, se lo derivará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ellos sigan el curso”.

Asimismo, Blanco anticipó que tiene la intención de reunirse con la Auditoría General de la Nación (AGN) y su titular, el peronista Juan Manuel Olmos, alineado con la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, que incorporó la evaluación de los gastos de las unviersidades públicas en su plan de trabajo y aclaró que “los dos organismos de control tienen que coordinar tareas”.

Cabe precisar que, el propio presidente Javier Milei anunció la reactivación del organismo el pasado fin de semana, en el acto en el que celebró el cambio de nombre del ex Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), cuya nueva denominación pasó a ser la de “Palacio Libertad, Domingo Faustino Sarmiento”.

Qué dicen las universidades sobre las auditorías

En las últimas semanas, desde el veto a la ley de Financiamiento Universitario, fueron varios los referentes de las casas de altos estudios que salieron a aclarar que no están en contra de las auditorías y aclararon que dan cuenta de sus gastos mediante diferentes modalidades, una de ellas lo hacen a la AGN que lo reporta directamente al Congreso.

Uno de ellos fue el propio Olmos desmintió que se no se realicen auditorías sobre las universidades y aclaró que se hay cronogramas anuales para relevar los datos administrativos que son aprobados por el Congreso. “La discusión que está dando es que no quiere financiar las universidades“, señaló.

“Lo que me parece que el Presidente está tratando de discutir, es otra cosa, y llegar a que se arancelen las universidades”, sostuvo Olmos en declaraciones radiales, al tiempo que agregó que los argumentos “pueriles” y “berretas”, dado que saca el “foco de atención de cuál es la verdadera discusión”.

En esta línea, el decano de la Facultad de Farmacia de la UBA, Pablo Evelsón, cuestionó al Gobierno por el recorte del presupuesto y aclaró que están “tranquilos” por las auditorías que puede llevar adelante Blanco. “Tenemos todo en regla y el mensaje que queremos dar es que los controles existen y están disponibles”, señaló.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, consideró que “el Presidente cambia las mentiras con las que argumenta, pero el fin sigue siendo el mismo: desfinanciar y desprestigiar a las universidades públicas” y apuntó a las declaraciones de Milei acerca de que las casas de altos estudios es un “subsidio de los pobres hacia los ricos”.

“Las estadísticas del Gobierno indican que más de la mitad de nuestros estudiantes son los primeros en sus familias en acceder a estudios superiores. Sería bueno que (el Presidente) se acerque a una clase para ver la realidad y no basarse en redes sociales”, fustigó el vicerector.

En tanto que, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, cruzó al Presidente al asegurar que “la información que dio está tergiversada intencionalmente”, y explicó que el servicio de movilidad que tiene la casa de altos estudios para las actividades académicas tiene un costo variable, dado que es computado según los traslados que se efectúen. Según el rector, el jefe de Estado había asegurado que la institución tenía contratado a un chofer que cobraba 13 millones de pesos al año.

“No tenga ninguna duda que los interrogantes que se plantean se inscriben en una intención de generar una especie de manto de sospecha sobre lo que sucede en el sistema universitario y científico para que eso provoque desprestigio y sea ese el fundamento para el desfinanciamiento y desjerarquización del sistema”, sostuvo el rector de la UNR.