Sigue la campaña del Gobierno contra las pensiones por discapacidad

Redacción Canal Abierto | Una vez más, las personas con discapacidad se convirtieron en el blanco de la campaña de difamación gubernamental, que apunta a justificar la reducción de subsidios.

Días atrás, y otra vez de la mano de Infobae, se difundieron “presuntas irregularidades” en la rendición de “millonarios subsidios otorgados por parte del Estado” a obras sociales por servicios de transportes destinados “al supuesto traslado de 32.518 beneficiarios con discapacidad”. El denunciante es el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El diario digital sostuvo en esta oportunidad que el monto es de $14.480.200.798 y que un funcionario de La Libertad Avanza en el organismo aseguró que la cifra es “desmesurada”.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad no tardaron en salir a responder, y denunciar a su vez que se trata de otra maniobra de la “campaña que estigmatiza a las personas con discapacidad y a los prestadores de servicios”. Y que la cifra no tiene nada de irregular ni de “desmesurada”.

Las “irregularidades” son de Infobae

La prestación de transporte, que está en la mira de la SSS liderada por Gabriel Oriolo, permite que los beneficiarios se trasladen —con la prescripción de su médico—desde su domicilio a los servicios que reciban (escuela, centro día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación, etc.). Según el informe publicado por Infobae, el subsidio financió traslados equivalentes a 28.680.480 kilómetros, lo que calculan maliciosamente como “el equivalente a 74,61 viajes a la luna”.

“Si tomamos el promedio de 882 kilómetros por afiliado publicado en el informe de Infobae —plantean desde el Foro—, esto implica un recorrido de 40 kilómetros diarios (20 de ida y otros 20 de vuelta), del domicilio del beneficiario a la institución donde recibe la prestación. Esta distancia estaría dentro de los 10 o 20 kilómetros de ida y de vuelta, que dice la nota que se suele recorrer. Nada que sospeche algún desvío”. Sobre todo si tomamos en cuenta la situación de aquellas personas que viven alejadas de los grandes centros urbanos.

Por otro lado, en su comunicado señalan que el monto pagado por el Fondo Solidario de Redistribución en agosto contiene facturas devengadas de hasta dos meses anteriores, presentadas tarde por las obras sociales. “Por lo tanto esta información no contiene prestaciones brindadas solamente en dicho mes, sino de varios”, advierten.

No es “con la tuya”

Finalmente, desde el Foro aclaran que, a contramano de lo que se asegura en la nota de Infobae, no es el Estado “el que aporta estos recursos”.

“El Fondo Solidario de Redistribución no son recursos del Estado sino que se trata de un fondo conformado con dinero de aportes de los trabajadores y de los empleadores, administrados por la Superintendencia de Servicios de Salud”, explican.

Por lo tanto, advierten que la responsabilidad de auditarlo es de las obras sociales “ya que ellas son las que dan la orden de atención y las que tienen la obligación y la responsabilidad de verificar la validez de la factura correspondiente a la atención brindada, antes de enviarla a la Superintendencia de Servicios de Salud para su recupero”.

La nueva embestida se suma al desfinanciamiento de las prestaciones, los despidos masivos y la desarticulación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en todo el territorio nacional, cuyo corolario fue la denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán contra el expresidente Alberto Fernández y exdirectores del organismo por haber, presuntamente, “flexibilizado los criterios” para otorgar Pensiones No Contributivas por Invalidez.

Poco tiempo después, el director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, encabezaron una auditoría en el sector cuyos supuestos hallazgos fueron anunciados con bombos y platillos por el vocero presidencial Manuel Adorni como “una actividad fraudulenta a gran escala”. En su conferencia habitual exhibió la radiografía de un perro como aquella que había sido presentada para obtener ilegalmente una pensión. Casi inmediatamente, se supo que tal pensión jamás había sido otorgada.

Sobre el tema, desde el Foro consideraron “imperioso dejar de lado este tipo de declaraciones rimbombantes en la prensa” y que estas “‘presuntas irregularidades’ se presenten en la Justicia, con los nombres de las supuestas empresas de transporte fantasmas y/o las Obras Sociales involucradas”. También sostuvieron que apoyan las auditorías necesarias: “Si existen anomalías hay que erradicarlas, pero sin perjudicar a quienes reciben la prestación adecuada y a quienes brindan el servicio honestamente y dentro de la normativa”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar