“Sólo un 20% de las personas con discapacidad recibe una pensión”

Redacción Canal Abierto | Este 4 de septiembre, la Cámara de Senadores con 63 votos afirmativos y 7 negativos revirtió por primera vez en 22 años un veto presidencial. La Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece un plazo de excepción hasta diciembre de 2027, fue aprobada por esta misma Cámara el 10 junio último, pero el 4 de agosto Javier Milei la vetó en su totalidad.

En estas instancias, el Presidente no puede usar su poder de veto ya que el Congreso insistió con un proyecto previamente vetado. Ahora, el Poder Ejecutivo debe promulgarlo. La comunidad “disca”, sus familias y los prestadores celebran este triunfo que los coloca como insólita vanguardia contra la avanzada oficial de desguace del Estado y de las políticas públicas de protección social.

Entre otros aspectos, la ley propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) organismo dependiente del Ministerio de Salud ejecuta y coordina las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad. Desde el comienzo de esta gestión de gobierno, inició una campaña de desprestigio del sistema y un proceso de auditorías que provocó la suspensión de más de 110 mil pensiones por discapacidad (Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral). El 8 de agosto, el vocero presidencial celebró la baja de estas pensiones supuestamente mal otorgadas.

“Desde ACIJ, sostenemos que no es cierto. Según la información que disponemos no se puede afirmar que son pensiones mal otorgadas, sino que el proceso de suspensiones se debe a una auditoría repleta de irregularidades, que no garantizó el derecho a la participación y a la defensa de las propias personas con discapacidad, y a una modificación normativa que se hizo el año pasado, muy cuestionable porque volvió a colocar requisitos para acceder a la pensión que fueron declarados inconstitucionales y nuevas causales de suspensión”, explica a Canal Abierto, la politóloga Belén Arcucci, coordinadora del programa  Derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Las suspensiones son arbitrarias y están vulnerando derechos fundamentales de miles de personas”.

“Por la información brindada por el propio gobierno, sabemos que se enviaron cerca de 1 millón de citaciones y el 50% no pudo ser entregada. Es decir, el 50% de las personas convocadas nunca supo que tenía que ir a la auditoría”. Luego de la modificación del decreto reglamentario, poco antes de iniciar el proceso de auditoría, se sumaron nuevas causales de suspensión: que las citaciones no puedan ser entregadas por inconsistencias en los datos del domicilio o por causas imputables al beneficiario, sin explicitar cuáles pueden ser esas causas. “Entonces, a partir de esa modificación, que no te pueda llegar la carta documento puede ser una causa de suspensión de la pensión”, explica Arcucci.

Pensiones: mitos y verdades

“Las pensiones son mal llamadas ‘por invalidez laboral’, porque no existen personas válidas o inválidas para trabajar, sino que todas las personas podrían acceder a un trabajo con los apoyos necesarios. Tampoco esto se puede medir por ningún diagnóstico médico ni por porcentajes. Estas pensiones las reciben las personas con discapacidad en Argentina y fueron reglamentadas en el año 97”.

“El Estado argentino, a partir del 2008 cuando firma la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene la obligación de garantizar un nivel de vida adecuado a estas personas y también de brindar protección social”.

“Se cuestiona el número de pensiones; por un lado, la cantidad, alrededor de 1.200.000 pensiones, y el incremento que se dio a lo largo del tiempo. Con respecto al número, en Argentina sabemos por datos del censo del año 2010 que el 12,9% de la población tiene alguna discapacidad. Esto no está lejos de los datos mundiales, la Organización Mundial de la Salud habla de un 15% de la población del mundo con discapacidad, es decir, es incluso menor que las cifras internacionales. En nuestro país, estaríamos hablando de cerca de 6 millones de personas con discapacidad”.

“La pensión se crea en el año 1997 a través de un decreto reglamentario de una ley muy antigua que habla de la obligación del Estado de brindar una pensión a las personas con imposibilidad de trabajar; una ley de 1973. En el 97, se crea la pensión con un cupo de 76.000 vacantes y un sistema de alta por baja, recién cuando una una persona fallecía o dejaba de percibir la pensión se habilitaba que otra persona la cobrara. A partir del año 2003 hay una decisión de cambiar esta práctica para dar respuesta a la demanda real de las personas que alcanzaban los requisitos establecidos en el decreto”.

Fuente: https://canalabierto.com.ar