“Toda vez que las Fuerzas Armadas fueron involucradas en seguridad interior el resultado fue desastroso”

Redacción Canal Abierto | En Argentina el rol principal de las Fuerzas Armadas es la defensa contra agresiones externas de otros estados. Nuestro esquema institucional y legal democrático establece la separación entre seguridad interna y defensa nacional y prohíbe la injerencia de las fuerzas en asuntos internos.

Tres leyes determinan el funcionamiento y los límites del accionar de las FFAA: la 23.554 de Defensa Nacional (de 1988) y el Decreto 727/2006 que la reglamenta; la 24.059 de Seguridad Interior (de 1991) y la 25.520 de Inteligencia Nacional (de 2001).

En las últimas horas, a raíz de la crisis de violencia criminal en Rosario y con un nuevo desembarco del gobierno nacional en la ciudad para colaborar en el control de la situación, la ministra de Seguridad de la Nación anunció la participación de las fuerzas federales (Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Policía Federal) y de las fuerzas armadas en función de apoyo.

Las Fuerzas Armadas están atadas”, advirtió Patricia Bullrich. “Hay que abrirles la puerta. Hay que darles la posibilidad de que actúen”, sostuvo reclamando al Congreso que habilite la participación de las fuerzas en el terreno.

Por su parte, el pasado martes 12 de marzo, en el marco de la Cumbre 2024 de la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), el gobernador cordobés Martín Llaryora exigió la intervención activa de las FFAA en la ciudad de Rosario y comprometió el apoyo de sus legisladores para modificar la Ley de Seguridad Interior. En declaraciones a los medios presentes en el evento sostuvo: “Yo siempre dije que necesitamos sí o sí la intervención del Ejército. Si tenemos que cambiar normativas o leyes, el Ejército ya es una fuerza de la democracia y tiene que estar acompañando en la lucha contra el narcotráfico en este momento”.

Una pésima idea

“Más allá de que hoy no es legal, es una pésima idea. La democracia argentina entiende, desde hace muchos años, que la Defensa Nacional y la seguridad interior son dos asuntos completamente distintos que requieren habilidades distintas e instituciones distintas”, explica a Canal Abierto Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Las fuerzas armadas están formadas con una doctrina del uso de la fuerza letal que tiene que ver con la destrucción de un enemigo. Las policías y las fuerzas de seguridad, mientras tanto, están formadas para proteger al ciudadano y en su tarea de perseguir el delito no tienen una doctrina de uso de la fuerza que apunte a la destrucción de un enemigo. El uso de la fuerza letal es un último recurso sólo en defensa propia o ante el riesgo inminente para la vida de terceros”, argumenta Tufró.

Volver al futuro: los Zetas

“Otro argumento más fuerte es que en la región todas las experiencias en las que las Fuerzas Armadas fueron involucradas en seguridad interior y, más específicamente, en lucha con grupos de crimen organizado el resultado fue desastroso. Lo que se genera es una escalada de violencia indiscriminada donde un montón de personas ajenas al conflicto son muertas o damnificadas víctimas del fuego cruzado”.

Esto ocurrió en México, en Brasil, en Colombia. Además, el hecho de que entren a participar las Fuerzas Armadas genera una escalada armamentística. En México, por ejemplo, las propias organizaciones criminales, los carteles, empezaron a reclutar militares en sus filas para hacerle frente al Estado. Ese es el origen de Los Zetas que originalmente eran integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana y desertaron para pasarse a los cárteles”.

“Además de las graves crisis de derechos humanos generadas, en ningún lado las intervenciones de los militares resolvieron el problema, ni generaron algún tipo de avance en erradicar a estas estas bandas y mucho menos al narcotráfico, que en realidad es un mercado y no se lo puede erradicar con ataques militares”.

“Ésta no es una medida aplicable en el caso de Argentina, no tiene que ver con la escala del problema, aún con la situación de mucho temor y zozobra de la población de Rosario, el nive de amenaza no justifica la intervención de las fuerzas armadas. En todos los lugares donde esto sucedió lo que terminó pasando fue una espiralización del conflicto, lo que se instala es una verdadera guerra. Guerra que además no termina, en ninguno de estos lugares terminó, insume décadas de conflicto y las facciones criminales que tienen recursos económicos ilimitados terminan convirtiéndose en ejércitos”, concluye el experto.

El espejo de Ecuador

La crisis de seguridad que vive Ecuador desde 2021 ha llegado a niveles críticos en enero de 2024. Los ataques de las bandas narcocriminales incluyeron masacres carcelarias, asesinatos de candidatos -incluso del postulante para la presidencia Fernando Villavicencio-, amenazas y la toma de un canal de televisión en plena transmisión. A raíz de esto, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción con un toque de queda a nivel nacional y declaró la existencia de un conflicto armado interno, disponiendo la salida de los militares a las calles.

El peligro es este, no sólo la militarización, sino que la actividad de persecución al crimen organizado termine transformándose en una especie de asunto de seguridad nacional en donde los controles, la rendición de cuentas, la transparencia, todo eso sea sacrificado en aras de esa “guerra””, advierte Tufró.

¿Militares a las calles?

“No aparece claro un marco legal que avale la intervención de los militares en esta operación. No hay reglas de empeñamiento”, advirtió un general retirado al diario La Nación. “Las fuerzas armadas de hoy en día no son las de aquella época (la dictadura), pero los sectores políticos que están pujando para que las fuerzas se desplieguen para seguridad interior algunos sí reivindican el terrorismo de Estado. Entonces no es cualquier cosa que esto suceda”, explica Tufró.

“Hay obstáculos legales, logísticos e incluso presupuestarios. Tengo dudas de cuáles son hoy las capacidades de las fuerzas armadas para poder desplegarse como lo hace la Gendarmería en un barrio. Por lo que se viene escuchando, también hay obstáculos internos de las propias fuerzas armadas que no quieren verse conducidas a ese papel porque en realidad es desnaturalizar la institución”.

Como sucedió durante el gobierno de Macri, otra vez hay un sector de la política que viene pugnando para lograr eso y utilizan como excusa la crisis de seguridad que es real, pero que requiere otro tipo de respuesta”, concluye el miembro del CELS.

Qué dice la ley de Seguridad Interior

La Ley 24.059 establece que las fuerzas armadas sólo pueden actuar como apoyo en las operaciones de seguridad interior, a solicitud de un Comité de Crisis, como el creado por el Gobierno Nacional para abordar la crisis en Rosario con la intención de coordinar las distintas áreas del Estado intervinientes.

La norma establece que se pueden afectar a pedido del comité “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.

Los Fernández también

En marzo de 2023, el entonces presidente Alberto Fernández dispuso el envío de la Compañía de Ingenieros del Ejército Argentino para cumplir tareas de urbanización en Rosario. Esta acción era parte de un despliegue de 400 efectivos de las fuerzas federales para alcanzar una dotación de casi 1400, para combatir una nueva escalada de violencia narco en la ciudad.

“Es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos hasta el hueso, es una situación indeseable. (…) Hemos traído fuerzas federales lo suficientemente importantes para actuar en cada uno de los lugares”, afirmó el ministro de Seguridad Aníbal Fernández en aquella ocasión presentando un nuevo operativo de seguridad.

Si nos remitimos a la recurrencia de anuncios y envío de tropas, cae de maduro que esta política de saturación no da resultados. En octubre de 2021, la administración Fernández envió 575 gendarmes. En febrero de 2018, Bullrich declaró: “Vamos a saturar de fuerzas federales los barrios más peligrosos de Rosario” y dispuso el envío de fuerzas federales… Y así en un continuum de bravuconadas gubernamentales y degradación social que se profundiza año a año.

Fuente: https://canalabierto.com.ar