Transparencia en los Precios y la Responsabilidad Ciudadana: Una Reflexión Necesaria

Por juan Severo

En mi última nota mencioné la importancia de que los ciudadanos sepamos qué estamos pagando realmente cuando adquirimos un producto. Es crucial conocer el costo de la materia prima, la cantidad de impuestos, el valor de cada uno y el margen de ganancia que obtienen los productores o fabricantes. Hoy, esa información no es clara, y los precios parecen fijarse según el criterio individual de las empresas, quienes muchas veces aumentan «por las dudas», buscando cubrirse ante posibles aumentos de costos futuros. Sin embargo, ¿quién cubre a los consumidores? Somos nosotros los que siempre pagamos las consecuencias de esta incertidumbre y abuso de algunos sinvergüenzas.

La famosa frase «no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país» nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. A menudo señalamos con el dedo a los que tienen poder, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar las cosas?

Pensemos, por ejemplo, en la atención primaria de salud. Muchos que acuden a las salas de salud barriales se encuentran con puertas cerradas, falta de médicos o algo tan básico como la falta de algodón o alcohol. Estos insumos, así como los salarios de los profesionales de la salud, provienen de los impuestos que pagamos, junto con la coparticipación provincial o nacional. Si no pagamos los impuestos o las tasas correspondientes, si el municipio no sabe, no quiere o no puede recaudar, el servicio sufre. Aquí entra en juego nuestra participación como ciudadanos responsables.

Una de las formas más simples de ejercer esa responsabilidad es exigiendo que nos den un ticket o boleta por cada compra que realizamos. Y si el negocio no lo hace, ¿por qué no optar por no comprar ahí? Al hacerlo, promovemos una competencia justa y legal, en la que aquellos comercios que tienen empleados en blanco y cumplen con sus obligaciones fiscales no se vean perjudicados por aquellos que operan de manera informal, sin pagar impuestos y explotando a sus empleados que la postre no tienen obra social ni se podrán jubilar.

Cristina Fernández de Kirchner, en uno de sus discursos, expuso datos del INDEC que pintan una realidad preocupante: de los 30 millones de personas en edad de trabajar en Argentina, solo 11 millones tienen un empleo formal, 8 millones dependen de alguna asistencia estatal, y 11 millones no figuran en las estadísticas. Sabemos que muchos trabajan, pero lo hacen en condiciones precarias. Mientras tanto, otros se enriquecen a costa del trabajo ajeno, sin ofrecer condiciones dignas.

Resolver estos problemas es tarea de todos. Si no actuamos de manera colectiva y responsable, las consecuencias seguirán recayendo sobre los más vulnerables, los que trabajan largas jornadas bajo el sol o la lluvia solo para llevar a casa un sueldo que a menudo no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Solo una sociedad comprometida y participativa podrá revertir esta situación.

Seguiremos!!!!!!!!