Triunfo de Abuelas: Milei renovó el mandato de la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos

Por Leo Vázquez | En el marco del proceso de achicamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos que impulsa el Gobierno nacional, había quedado pendiente la designación de autoridades, ya que los plazos de los directores actuales se encontraban vencidos y por ese motivo los organismos de derechos humanos venían advirtiendo sobre el peligro de una virtual intervención por parte del Poder Ejecutivo.

Abuelas de Plaza de Mayo había denunciado en un comunicado de este viernes 20 de junio:

“El organismo se encuentra acéfalo desde hace semanas, ya que están vencidos los cargos directivos y no se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias de roles esenciales para el desarrollo de las tareas centrales para su funcionamiento: la firma de informes para comunicar resultados de entrecruzamientos de ADN, la compra de insumos, el mantenimiento y cuidado de las maquinarias, el presupuesto para viajes de extracción de muestras, las exhumaciones para completar grupos familiares, entre otras tantas tareas”.

El Decreto 422/2025 publicado hoy, lunes 23 de junio, en el Boletín Oficial, extiende la permanencia de Mariana Herrera Piñero como Directora General Técnica del BNDG, a partir del 17 de mayo de 2025 y “hasta que se realice el concurso público de oposición y antecedentes previsto por la ley”. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El BNDG es un organismo clave en la obtención, almacenamiento y análisis de información genética para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

El texto oficial recuerda que la Ley 26.548 establece que el BNDG debe funcionar bajo la dirección de un profesional en bioquímica o biología molecular con experiencia en genética forense, designado por concurso público por el Poder Ejecutivo Nacional, con un mandato de cuatro años y posibilidad de reelección. Herrera Piñero había sido designada originalmente por el Decreto 331/2021 y su continuidad se había visto afectada por la transformación del BNDG en organismo desconcentrado, dispuesta por el Decreto 351/2025, dentro de la avanzada del Gobierno contra el prestigioso ente y contra las políticas y los diferentes espacios de memoria y derechos humanos.

Abuelas de Plaza de Mayo había hecho una presentación en la Justicia con una serie de planteos vinculados al Banco.

La organización presidida por Estela de Carlotto había planteado ante el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional 2 de San Martín que la Justicia frene la “intervención de facto” que la administración libertaria puso en marcha en el BNDG.

Ese fue uno de los tres reclamos, al que se suman el pedido de garantizar la preservación de las muestras biológicas y genéticas y que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 351 con el que Milei le abrió la puerta a la intervención del organismo.

“Hoy, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023. Además, las decisiones del BNDG están en manos del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología- licenciado en Administración de Empresas- y del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, licenciado en Psicología. Es decir,  profesionales sin formación específica para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad”, denunció Abuelas.

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La lucha sigue

En el mismo comunicado había informado que solicitó “una medida de no innovar para resguardar las muestras biológicas y genéticas que integran el Banco Nacional de Datos Genéticos, los instrumentos, los equipamientos, el inmueble donde se almacenan y preservan las muestras y la tecnología utilizada para su resguardo y adecuado entrecruzamiento. “Como expresamos, lo requerido en forma cautelar encuentra sustento en las obligaciones de investigar, sancionar, juzgar las graves violaciones de derechos humanos y el deber de reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas para garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.

“El decreto, firmado el 22 de mayo por el presidente Javier Milei, quita al BNDG la posibilidad de administrar sus propios recursos, lo que implica un entorpecimiento en su objeto y funciones: la búsqueda de nuestros nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar. “A saber: garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”, recordó el organismo.

Además explicaron que el decreto, que transformó al BNDG en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, “obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor”.

Por lo tanto –explican-, el riesgo en que se encuentra el Banco se deriva de las omisiones del Estado: por un lado, la omisión de asignar un presupuesto suficiente y adecuado para cumplir con sus objetivos y funciones y, por otro, la omisión de la designación de las autoridades del Banco.

“Este riesgo también se deriva de las acciones concretas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 351/2025,  mediante el cual se modificaron las características esenciales del Banco, que habían sido especialmente dispuestas como medio para garantizar la eficacia y eficiencia del organismo”.

El BNDG es un instrumento creado en 1984 para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura, y desde entonces -durante todos los gobiernos democráticos hasta este Gobierno- se había ido fortaleciendo para garantizar el derecho a la identidad y esclarecer crímenes de lesa humanidad. “Se advierte evidente el riesgo que se deriva para el funcionamiento de cualquier organismo no contar con fondos suficientes ni autoridades que puedan dirigir la labor que se lleva adelante. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el riesgo se exalta en tanto se trata de un laboratorio de alta complejidad que es perito oficial en causas por desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado y almacena y resguarda muestras biológicas y genéticas irreproducibles en caso de pérdida”, señalan.

Por tanto, solicitaron a la Justicia que amplíe las medidas de protección requiriendo informes a la secretaría de Innovación.

“Nuestra lucha es permanente, seguiremos buscando a nuestros nietos y nietas, víctimas de desaparición forzada; y solicitando a quienes deben dar respuesta sobre estos crímenes, para que cesen. Seguiremos trabajando por la Memoria, Verdad y Justicia, y sosteniendo los valores democráticos de nuestra querida patria”, sintetizaron las Abuelas.

Fuente: https://canalabierto.com.ar