Un ómnibus que perdió asientos

Redacción Canal Abierto | La discusión en torno a la llamada Ley Ómnibus empieza a llegar a su final y esta semana se tratará con el recinto de Diputados.

En el trayecto, el oficialismo introdujo algunos cambios a fin de destrabar una negociación que se presentaba compleja con los sectores dialoguistas de la oposición, conformada por el PRO, la UCR y el interbloque Hacemos Coalición Federal.

La presentación de las modificaciones fue precedidas de un texto que sigue la línea del que antecedió la presentación del megadecreto de necesidad y urgencia, con un tono más cercano al que usaba Milei en sus épocas de panelista que al formato de un texto legislativo.

“Durante las últimas semanas el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida fue sujeto a una amplia deliberación ciudadana. No sólo porque los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a exponer al Congreso, sino porque lo hicieron referentes de la sociedad, organizaciones sociales, así como representantes de grupos cuyos privilegios quedaron expuestos. También la sociedad deliberó a través de las redes y los medios. Muchos de los temas de este proyecto fueron objeto de conversaciones personales, familiares y profesionales”, comienza la introducción.

Y prosigue: “Bienvenido este debate. Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado. También es sano escuchar, corregir, aprender. Todo esto y mucho más ocurrió durante este debate”.

Uno de los puntos que más rispideces generó fue la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. A partir de la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa, el proyecto presentado por el Gobierno planteaba que era de dos años, con posibilidad de prorrogar por otros dos. La evaluación y decisión de esta prórroga corría por cuenta del propio Ejecutivo.

De esta manera el Gobierno podía atravesar a discreción todo el mandato con poderes delegados. La nueva versión establece un plazo de un año, con posibilidad de prórroga por otro año más, pero la consideración se traslada nuevamente al Poder Legislativo.

Respecto de las privatizaciones de las empresas del Estado, uno de los caballitos de batalla de Milei desde que era panelista o invitado recurrente de los programas de televisión, el nuevo texto excluye a YPF del listado de empresas a ser privatizadas. Respecto de Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT plantea que la privatización sólo puede ser parcial y que el Estado debe mantener el control de las mismas.

Al respecto, Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación y titular de la consultora Paspartú, planteó a través de un hilo en X que “esta ‘ofrenda’ a los legisladores ‘amigables’ deja en pie la declaración de `sujetas a privatización´ de 40 empresas públicas” y que “de venderse ese paquete implicará grandes negocios privados y/o pérdida de capacidad de acción del Estado para ejecutar políticas públicas y controlar al mercado”.

Y alertó que «la ‘privatización’ de YPF ya comenzó con la `devolución´ de áreas maduras (convencionales) a la provincia de Santa Cruz (y posiblemente Chubut también), en una acción que semeja las épocas de Estenssoro, con una YPF estilizada, proteica”.

También advirtió que “ENARSA, CAMMESA y NASA ya son SA y realizan actividades que ningún privado querría asumir (por déficit y riesgo), amén de afectar sectores estratégicos como la provisión de combustibles en invierno y la generación nuclear”.

Otro cambio introducido refiere a la reforma jubilatoria. Sobre el punto, se modificó la propuesta de aumentos a discresión por parte del ejecutivo y se mantendrá hasta marzo el ajuste trimestral vigente. A partir de abril, habrá una “actualización automática por inflación mensual”, que tomará como base el último dato de inflación disponible del INDEC.

Sobre este punto, el economista del CEPA Hernán Lechter, planteó también a través de la red de Elon Musk que “esto implica que los jubilados pierdan más de 20 puntos de su poder adquisitivo, entre diciembre 2023 y marzo 2024, y que no los recuperen nunca más”.

“Los jubilados, si bien perderían con la inflación, tampoco pueden aspirar a ganarle a la inflación. No pueden ganarle sencillamente porque acompañarían la dinámica de precios. Y acá aparece el eje del problema: ¿Dónde se congela la jubilación para que, de ahí en más, se acompañe la evolución de precios? ¿Es razonable ese nivel de jubilaciones reales? El punto de empalme no incluye la inflación de enero y febrero en ningún calculo (dos datos elevados dada la devaluación de diciembre). Y eso significa una brutal caída de los ingresos reales”, detalló en el mismo hilo.

Sobre los distintos organismos que rigen el ecosistema cultural, se mantiene la asignación específica para el Instituto Nacional De Cine Y Artes Audiovisuales, que seguiría recibiendo ese monto de manera automática. También da marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de la Artes y se propone “explorar mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística”. Los directores deberán ser ad-honorem y los gastos no pueden representar más del 20% de sus ingresos. La misma limitación de gastos corren para el INAMU y la Conabip.

La reforma electoral queda fuera de los temas a tratar. Las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados se debatirán una vez iniciadas las sesiones ordinarias.

Sobre las retenciones, el nuevo proyecto las retira para las economías regionales, un reclamo de los gobernadores. No en cambio para lo que es maíz, trigo y derivados de la soja. Este aspecto podría mantener trabas en algunos sectores de la oposicón amigable.

Otro rubro en el que el oficialismo había encontrado fuerte rechazo es en el de la pesca. En el nuevo texto, se quita la palabra «internacional» del sistema de asignación de cuotas pesqueras.

Las modificaciones a los artículos 804, 887, 888, 911, 912, 994, 1002, 1004, 1011, 1014, 1056, 1082, 1528, 1539, 1641, 1642, 1643, 1649, 1741, 1754, 1796, 2000, 2038, 2047, 2089, 2207, 2331, 2332, 2333, 2334, 2468, 2542 y 2546 del Código Civil y Comercial fueron retiradas del proyecto. Sobre ese ítem se mantiene el capítulo de contratos “solo a los fines de acrecentar la libertad económica de las partes”.

El Gobierno también tuvo que dar marcha atrás con algunas reformas en materia de política ambiental: se elimina el artículo 497 que modificaba la Ley de Quema y se amplía de 30 a 90 días en el artículo 498 el plazo para que la Autoridad de Aplicación autorice una quema. Se incorporó un artículo que garantiza los recursos para el Fondo de Bosques y se aclara en la ley de Glaciares las actividades prohibidas en la zona periglaciar.

Sobre el blanqueo de capitales, el nuevo proyecto establece que los sujetos no residentes que adhieran al Régimen de Regulación de Activos no podrán declarar bienes que se encuentren a nombre de terceros. Quedan excluidos del blanqueo los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años. Y se establece que lo recaudado por Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central.

Por último, también dejó afuera el artículo que establecía que se debía pedir autorización para una manifestación y definía que se trataba de la “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.