Una nueva afrenta a las políticas de Discapacidad

Redacción Canal Abierto  | A los despidos, el desfinanciamiento de las prestaciones y la desarticulación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en todo el territorio nacional, ahora una denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán contra el expresidente Alberto Fernández y exdirectores del organismo vuelve a encender las alertas de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Puntualmente, la presentación realizada ayer por el fiscal apunta contra una serie de decretos y resoluciones mediante los que se habrían “flexibilizado los criterios” para otorgar Pensiones No Contributivas por Invalidez, lo que habría producido un “crecimiento exponencial” de las mismas entre 2021 y 2023.

Entre las medidas objetadas figuran el decreto 566/2023, que estableció el derecho a que las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad puedan trabajar y cobrar la pensión en forma simultánea. Asimismo, el Decreto 7/2023 y la Resolución 70/2023 que anularon el requisito de 76% de incapacidad laboral para acceder a la pensión, así como una serie de resoluciones que cambiaron y ampliaron la definición de vulnerabilidad.

Según difundió Infobae, la presentación de Marijuán -en la que también apunta contra los ex Directores Ejecutivos de la Agencia Claudio Espósito y Fernando Galarraga, y la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez- muestra que entre 2021 y 2023 se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios, y refiere a “un plan sistemático” y “una maniobra para hacer ‘favores políticos’ a intendentes y gobernadores”.

La denuncia llega tras un informe televisivo protagonizado por Luis Majul en La Nación+ que denunciaba “el fraude de las pensiones por invalidez” y mostraba datos similares a los que contiene la medida de Marijuán. Así, entre otros datos, Majul cuestionaba que cerca del 2,5% de la población argentina recibiera Pensiones por Invalidez, cuando -según el conductor- esas serían cifras acordes a un país que sufrió una catástrofe o una guerra.

Una adecuación tardía

En un posteo en sus redes sociales, Maive Carone Fernández, una de las 340 trabajadoras despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad desde que asumió Javier Milei, explicó que detrás de los cambios de los parámetros para el otorgamiento de Pensiones lo que hay es en realidad una adecuación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a la que Argentina adhirió en 2008 y que obtuvo rango constitucional en 2014.

“La Convención propone que la discapacidad no se encuentra en el sujeto, sino que lo que hay es una persona con deficiencias y un entorno que presenta barreras, que es inaccesible. Justamente, el retiro de estas normas que por ejemplo determinaban como requisito tener un 76% de incapacidad laboral para acceder a la Pensión, o que determinaban que estas personas estaban imposibilitadas de trabajar, se ponen en tela de juicio a partir de esta redefinición del concepto de discapacidad”, explicó sobre la ampliación de la cobertura.

En diálogo con Canal Abierto, la trabajadora también repudió que se cuestione que una persona que recibe una pensión pueda trabajar. “Primero, porque la Pensión es una miseria, nadie vive con eso”, afirmó en relación al haber que equivale a un 70% de la Jubilación Mínima.

Te puede interesar: Movilización en todo el país contra el ajuste en discapacidad

En segundo lugar, explicó que la Pensión “no tiene la función de reemplazar al salario”. “No partimos de la base de que la persona no puede trabajar sino de que hay una desigualdad estructural y que el contexto no es proclive que esa persona trabaje, porque hay barreras físicas, arquitectónicas, comunicacionales o actitudinales”, precisó Carone Fernández quien lamentó que se ponga “en tela de juicio” medidas que tardaron tanto en implementarse.

“Estamos hablando de población extremadamente pobre y vulnerada, que no accede a un trabajo, en un país donde no se cumple el cupo laboral de Discapacidad y que tiene muchos más gastos que otras personas”. “Ya de por sí es difícil acceder a una pensión, a veces tarda dos años, hay gente que murió en el medio que le sacaron la pensión en el macrismo”, dijo en relación a la posibilidad de que se sumen más trabas al acceso.

Transparencia

Mariana Paez, otra extrabajadora de la Agencia pero del área de Pensiones, dio precisiones sobre cómo era, al menos hasta marzo de este año cuando fue despedida, el mecanismo para otorgar pensiones no contributivas.

Así, explicó que el trámite para solicitarla se inicia a través de un formulario de la página web de la ANSES, y que la función de las trabajadoras y trabajadores administrativos de la Agencia -como ella- consiste en asesorar a los solicitantes sobre la documentación que deben presentar. Entre otros requisitos, se precisa un certificado donde se detalla el porcentaje de discapacidad que debe llevar la firma del médico que lo emite y del jefe del hospital donde se atiende la persona. Eso luego pasa a la junta de fiscalización médica de ANDIS que lo analiza y puede solicitar documentación complementaria.

El pedido también es sometido a un análisis socioeconómico, sobre el nivel de ingresos de la persona, si tiene propiedades o vehículos, entre otros indicadores de vulnerabilidad social, para definir si se otorgaba a o no., en el que pueden intervenir profesionales de distintas especialidades como trabajadores sociales o acompañantes terapéuticos.

“No era un funcionario que podía otorgar la pensión en base a lo que se le ocurría”, añadió al respecto la trabajadora, al defender “la transparencia” del funcionamiento de la Agencia.

Por otro lado, en relación a la denuncia de Marijuán, Páez sostuvo la flexibilización de los requisitos también pudo responder al intento de agilizar un trámite que suele tardar años, destinado a una población de mucha vulnerabilidad.

Más mitos

Semanas atrás también la especialista Cintia Coturel, abogada (UBA) y Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF) había respondido al informe de Majul derribando una por una las afirmaciones en las que se sostenía. En primer término, la también youtuber explicaba que no era sorpresivo que alrededor del 3% de los argentinos reciban pensiones por invalidez cuando la Organización Mundial de la Salud sostiene que cerca del 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, cifra que, por ejemplo, en la Unión Europea asciende al 27%.

También señalaba que el aumento en el otorgamiento de pensiones entre 2021 y 2023 podía explicarse en relación a distintos fallos judiciales que declararon inconstitucional la quita masiva de Pensiones por Invalidez durante el Gobierno de Mauricio Macri, y obligaron al Estado a restituirlas. El más conocido, precisaba, fue el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2019 dio lugar a un recurso de amparo presentado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Sobre los casos de “pensiones truchas”, como el caso de un pueblo de Córdoba que tuvo mucha repercusión mediática durante el macrismo, indicó: “Es verdad que hay denuncias de que hay redes de médicos y falsos gestores que les consiguen pensiones a personas pensiones falsificando certificados, pero son casos puntuales y no son el 80%”, como señalaba Majul. “Y no por eso Macri estaba habilitado a suspenderle la pensión a todas las personas”, sentenció.

El desguace

Para las trabajadoras despedidas de ANDIS, esta medida constituye una nueva afrenta contra los derechos de una de las poblaciones más vulnerables. Como afirmó Maive Carone Fernández, la medida judicial y mediática se da en el marco del “retiro de la Agencia de todo el territorio nacional” y de los despidos que ya ascienden a 340 en todo el país y que, a fin de mes, cuando venzan nuevos contratos, pueden multiplicarse. Esto, advirtió, podría dilatar aún más los tiempos que tarda una pensión, que contrario a lo que sostiene Infobae, pueden demorar hasta de 2 años.

Mariana Páez también advirtió que “se están dando de baja pensiones” y que el otorgamiento de nuevos beneficios está virtualmente congelado, sobre todo en las últimas etapas del trámite, en lo que se conoce como “terminación de Derecho”, último paso antes de pasar a la firma de la dirección ejecutiva.

Esto se suma, además, a un cambio de enfoque de la Agencia, de un modelo social a la vuelta del modelo médico y a la criminalización de las personas con discapacidad, sostuvo Carone Fernández. “No conocemos la política de Discapacidad del Gobierno, lo único que vemos son las publicaciones de Instagram y hasta ahora a lo único que apuntan es a advertir que el Certificado de Discapacidad es único e intransferible. Hay una insistencia en poner un manto de sospecha sobre las personas con CUD”, lamentó.

Desde hace meses, las organizaciones de Discapacidad vienen denunciando la alarmante situación de los prestadores y de las prestaciones para las personas con Discapacidad, así como el intento del Gobierno de desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas, a partir de la presentación de un proyecto de decreto que, gracias a la gran campaña que desplegaron, se le dio marcha atrás.

“Lo consideramos una victoria del sector tras la movilización en todo el país, pero creemos necesario mantenernos en estado de alerta porque el mismo aún sigue con posibilidad real de convertirse en decreto”, informaron ayer desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad.

Fuente: https://canalabierto.com.ar