Una Vejez Digna: El Derecho Negado a Nuestros Jubilados

Por Juan Severo

Trabajar durante 30 o 40 años, aportando una parte considerable del salario con la esperanza de tener una vejez digna, es una expectativa básica de cualquier persona que ha dedicado su vida al trabajo. Sin embargo, en Argentina, esta esperanza se ha convertido en una pesadilla para millones de jubilados. Lejos de disfrutar de una merecida tranquilidad, la mayoría de los jubilados se enfrenta a una realidad dura e injusta. Cobrar una jubilación que apenas les permite sobrevivir, bordeando la línea de la indigencia.

Hoy en día, más de 8 millones de jubilados en nuestro país perciben la jubilación mínima, una cifra que es alarmante y que refleja un profundo problema estructural en nuestro sistema previsional. La promesa de una vejez digna se ha desvanecido para muchos, dejando en su lugar la angustia de no poder cubrir necesidades básicas, como alimentos, medicamentos y vivienda.

Esta situación no es solo un reflejo de la crisis económica que atraviesa el país, sino también de la falta de voluntad política para proteger a quienes han trabajado toda su vida. Durante años, se ha debatido sobre la necesidad de implementar el 82% móvil, un derecho que garantizaría que los jubilados perciban el 82% del salario que ganaban en actividad. Sin embargo, este reclamo legítimo ha sido ignorado o postergado por sucesivos gobiernos y representantes del pueblo, quienes parecen más interesados en ajustar el gasto que en garantizar una vida digna para quienes han contribuido al desarrollo del país.

¿Por qué es tan difícil alcanzar un consenso en torno a una ley que garantice el 82% móvil? La respuesta, lamentablemente, radica en la priorización de intereses económicos sobre los derechos humanos. Se argumenta que el sistema previsional no es sostenible, que no hay recursos suficientes, pero ¿acaso no se trata de una cuestión de prioridades? En un país donde los recursos se asignan de manera desigual, donde se rescatan bancos y se subsidian sectores económicos poderosos, no parece descabellado exigir que se priorice a los jubilados, quienes ya han hecho su aporte al país.

El 82% móvil no es un capricho, es un derecho. Es una forma de asegurar que los jubilados no caigan en la pobreza tras décadas de trabajo. Es también una forma de reconocer el valor de los trabajadores y de cumplir con la promesa de una vejez digna. No se trata solo de un tema económico, sino de justicia social y de respeto por quienes han construido este país.

Es hora de que los gobiernos y los representantes del pueblo asuman su responsabilidad y acuerden una ley que garantice el 82% móvil para todos los jubilados. Es inaceptable que, en un país con tantos recursos, millones de personas mayores vivan en condiciones indignas, después de haber trabajado toda su vida. La vejez no debería ser sinónimo de pobreza; al contrario, debería ser una etapa de reconocimiento y dignidad.

Hasta que esto no sea una realidad, nuestra sociedad seguirá en deuda con sus jubilados, una deuda que no se mide solo en términos monetarios, sino en la falta de humanidad y de respeto hacia quienes merecen vivir sus últimos años con la tranquilidad y el bienestar que se han ganado.