Uspallata se planta de nuevo contra la megaminería: “La indignación no para de crecer”
Aprovechando los vientos a favor de extractivismo, el proyecto San Jorge, que ya fue rechazado por el pueblo de Mendoza en varias ocasiones, volvió a la carga. La semana pasada, una manifestación ambientalista fue atacada por una patota de la UOCRA y despertó la reacción popular.
Redacción Canal Abierto | Después de ser rechazado por el pueblo de Mendoza en varias ocasiones desde 2008, y aprovechando los vientos que soplan a favor del extractivismo desde el gobierno nacional, el proyecto San Jorge para la explotación de cobre en Uspallata, vuelve a la carga. Sin embargo, desde las asambleas ciudadanas aseguran que ahora tampoco hay licencia social para la megaminería.
La semana pasada, la inauguración de un local de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, en la que participaban el intendente Francisco Lo Presti y representantes de las empresas operarias del proyecto San Jorge, terminó con una feroz golpiza de un patota de la UOCRA contra una manifestación de las asambleas ambientalistas, a la que se fueron sumando cada vez más vecinos. En testimonios en redes sociales, estos denunciaron que los ataques habían sido coordinados desde el ejecutivo local.
Además, hubo dos detenidos y una virulenta campaña política y mediática para hacer pasar la golpiza por un “enfrentamiento”, y demonizar a los vecinos que rechazan el proyecto minero. “El acto de apertura fue interrumpido por manifestantes antiminería que lanzaron piedras, bombas molotov y provocaron un incendio en el local”, escribió Roxana Badaloni en el diario Clarín, sumándose a una noticia falsa que cayó rápidamente.
Mientras el gobierno y los medios viralizaban que los ambientalistas habían prendido fuego en un comercio de Edgardo Vera, presidente de la cámara de proveedores mineros de Uspallata, el propio empresario salió a desmentirlo. En declaraciones a El Editor Mendoza explicó que el incidente había tenido que ver con una vieja pelea con un vecino.
En el mismo tono demonizador se expresaron la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado (PRO), que llamó “terroristas” y “delincuentes” a los manifestantes, y el intendente Lo Presti, que los llegó a tildar de “fascistas”, lo que alimentó la bronca de los vecinos, que aseguran que desde que asumió era la primera vez que volvía al pueblo.
En diálogo con Canal Abierto, desde la Asamblea del Valle de Uspallata, Romina Caballero y Ana Llanos, contaron que la patota de la UOCRA llegó en colectivos y violentó “a muchos vecinos y vecinas de forma física, generando fracturas y traumatismos varios”. También indicaron que el caso ya fue denunciado en la justicia y que tienen “todas las pruebas necesarias para defenderse en contra de estas mentiras que el gobierno y los medios de comunicación masiva generaron”.
“Y realmente creemos que tanta violencia que trajeron a nuestro pueblo les jugo totalmente en contra”, aseguraron Caballlero y Llanos, en referencia a la inmensa movilización que al día siguiente de los hechos copó las calles de Uspallata. “La indignación no para de crecer en todos los territorios, y ahora también la provincia, el país y el mundo empiezan a darse por enterados de los hechos violentos”.
“No seremos zona de sacrificio”
El año pasado, el gobierno de Mendoza adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y logró la aprobación de un nuevo Código de Procedimientos Mineros para “agilizar los procedimientos y darle un fuerte impulso a la minería metalífera”, como explicó el propio gobernador Alfredo Cornejo.
Al poco tiempo, la Legislatura le dio luz verde a 34 iniciativas mineras en Malargüe (todavía frenados por informes técnicos desfavorables) y se conoció que las empresas Zonda Metals GmBH de Suiza (del Grupo Solway) y la argentina Grupo Alberdi habían presentado un nuevo informe de impacto ambiental para reflotar el proyecto San Jorge.
Como siempre, los argumentos que se ponen sobre la mesa en favor de la minería son los económicos, sobre todo, las promesas de dólares y puestos de trabajo. Pero como denuncian los asambleístas, esto no se constata en la experiencia. Y en efecto, según el informe publicado en septiembre del 2024 por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, la actividad representa solo el 0,6% del empleo privado asalariado registrado en Argentina. “Dado el nivel de empleo mencionado, se observa que la empresa minera promedio posee 38 empleados”, dice textualmente el estudio, citado por Estefanía González en un artículo en ANRED.
Consciente de estas cuestiones -afirman Llanos y Caballero, “la mayoría del pueblo mendocino prefiere seguir tomando agua pura, creciendo turísticamente y cultivando”. “Porque sabemos que las grandes fuentes laborales de la provincia son la agricultura y la ganadería, y sobre todo, a partir de la experiencia de otros lugares como Jáchal, Iglesias, Belén, y muchos lugares mas en Latinoamérica y el mundo, que son conocidos por la contaminación y las enfermedades que dejó a su paso esta actividad”.
“El pueblo está viviendo este atropello a nuestra voluntad mayoritaria con mucha indignación, pero además, con una organización que empieza a tomar fuerza nuevamente en toda la provincia, estando en alerta, visibilizando la problemática a nivel nacional e internacional, lo cual nos llena de la certeza de que no seremos zona de sacrificio”, afirman.
Ni minería ni Parque
Desde la Asamblea del Valle de Uspallata también denuncian los proyectos respaldados por algunas organizaciones no gubernamentales para la creación de “áreas protegidas” como una nueva forma de extractivismo. “Entendemos que los gobiernos, de la mano de los capitales extranjeros, tienen un plan A que es la megaminería, y un plan B, que es la patrimonialización”.
“En nuestro territorio tenemos el ejemplo de la ONG Natura, que pretende hacer un Parque Nacional en Uspallata, disfrazada de ONG “verde”, “ecologista”, “salvadora”, siendo en realidad una empresa estadounidense que en la mesa chica cuenta con un alto mando de la Casa Blanca”.
“Como otras fundaciones similares -alertan- tienen como objetivo la creación de Áreas Protegidas que en la práctica, y como pasó en Famatina y Chilecito, terminan siendo áreas privatizadas y manejadas directamente por estas empresas, desplazando a las poblaciones para aumentar el acaparamiento de tierras, limitando el acceso y fomentando el turismo de élite”.
Fuente: https://canalabierto.com.ar