Vargas Matyi, sobre la norma que busca declarar la educación como servicio esencial: “No resuelve los problemas de fondo”
La diputada nacional de Unión por la Patria oriunda de La Matanza dialogó con El1 sobre la norma que se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados.
Tras un pedido de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, este miércoles, la Cámara de Diputados tratará la norma que prevé declarar la educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar. Al respecto, la diputada nacional de Unión por la Patria oriunda de La Matanza, Brenda Vargas Matyi, dialogó con El1 y expuso que la iniciativa “no resuelve los problemas de fondo”.
La declaración de la educación como servicio esencial estaba incluida en el DNU 70/2023 impulsado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y sus ministros. Sin embargo, en febrero, la Justicia suspendió la aplicación de los artículos 86, 87, 88 y 97 del decreto al considerar que vulneran el derecho a la protesta y la libertad sindical de las y los trabajadores. El articulado suspendido, fija, entre otras cosas, un piso del 75 por ciento de asistencia durante las medidas de fuerza.
Así, la legisladora puso de manifiesto la postura de su bloque. “El bloque de UxP rechaza la propuesta de declarar a la educación como servicio estratégico esencial”, enfatizó. “Lo que se necesita es mayor inversión, mejoras salariales y condiciones laborales dignas para docentes y no docentes”, manifestó para luego sostener que la iniciativa motorizada por los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo “culpabiliza a trabajadores y trabajadoras que ejerzan su derecho constitucional a huelga”.
«Es fundamental defender el derecho a la educación»
“Quienes defienden el servicio esencial, lo hacen desde un paradigma culpabilizador hacia quienes ejercen sus derechos y desreponsabilizan al Estado de su función”, expuso. De este modo, agregó que “como contracara, no quieren legislar para garantizar el acceso a la educación, es decir: becas para poder estudiar, el mantenimiento y la construcción de escuelas, sostenimiento de los comedores escolares, garantizando libros, conectividad y dispositivos tecnológicos”.
A su vez, cuestionó que “desde que empezó el 2024, no se transfirieron recursos al Programa ‘Comedores Escolares’” además de que “el presupuesto ejecutado por la Secretaría de Educación tiene un recorte de 80,9 por ciento en términos reales y respecto del año anterior”. “Creemos fundamental defender el derecho a la educación y las leyes que van en ese sentido”, enfatizó.
“En este contexto la escuela pública está siendo cuestionada y denigrada por las principales autoridades de nuestro país”, arremetió e insistió en que la iniciativa “vulnera derechos constitucionales y laborales, en lugar de generar soluciones estructurales para fortalecer la educación pública”.
