“Creemos que los argumentos presentados no tienen una justificación adecuada”, afirmó Semino, y subrayó que estaban a la espera de que concluyera la etapa legislativa para presentar su demanda a fines de “evitar que la presentación sea rechazada por extemporánea”. “Los próximos días serán cruciales para definir nuestra estrategia”, anticipó.

“El haber mínimo se ha visto reducido en términos reales debido a la congelación del bono que se aplica a una suma remunerativa, un problema que hemos cuestionado desde hace tiempo” expresó el defensor de la Tercera Edad, y aseguró que el objetivo es proteger los derechos de los jubilados, especialmente aquellos que reciben el haber mínimo, que ha sido congelado y no ajustado adecuadamente.

En respuesta al veto, se han planteado preocupaciones sobre las posibles implicancias legales. “Es probable que se generen amparos colectivos y demandas individuales ya que el veto podría acarrear una alta litigiosidad. Existen ya 83.000 sentencias firmes pendientes de pago, lo que complica aun más la situación”, advirtió.

Finalmente, Semino hizo hincapié en la difícil situación de los jubilados que «deben elegir entre comer o comprar medicamentos debido a los recortes recientes». «La situación es insostenible y la administración debe abordar estas cuestiones con seriedad», instó