Visibilidad

En esta etapa es necesario motivar a nuestros compañeros y compañeras, a los que luchan, a que sumen nuestras consignas a las consignas de nuestra ATE y nuestra CTA.

Que la palabra discapacidad se pronuncie en intervenciones públicas, en entrevistas en los medios.

Es importante tener presente que muchos trabajadores y trabajadoras tienen hijos con alguna discapacidad, y que las consecuencias de las políticas del Gobierno los afectan directamente, especialmente a las mujeres en las tareas de cuidado.

¿Por qué este planteo?

En el 2023, ante la posibilidad del triunfo de Milei, advertimos el gran riesgo que corrían el Estado, las políticas públicas, el empleo, la situación social. Advertimos sobre un plan consistente en la apropiación de nuestras riquezas estratégicas a manos del capital concentrado de los grupos financieros nacionales e internacionales. Un plan económico de ajuste brutal.

Milei proclamó la destrucción del Estado y aplicó políticas económicas que destruyen la economía del país, el empleo, las políticas públicas sociales y, lo que él dio en llamar ‘la casta’, la justicia social.

El cierre de oficinas del Estado y el despido de los empleados públicos, apuntan en consecuencia, a quienes podían llevar adelante las políticas públicas para el conjunto de los argentinos. Esto se convirtió en una constante y en un objetivo a conseguir, que era festejado desde el Gobierno, por la burguesía depredadora y la prensa de su propiedad.

La salud, la educación, la ciencia, la seguridad social, los programas y las políticas hacia los grupos vulnerables fueron blancos del ataque implacable. Se trata de un Gobierno que se propone reducir el déficit fiscal, reducir la inflación a cero a cualquier costo en pos de una estabilidad que le garantice un futuro triunfo electoral. Es así que la casta pasamos a ser los trabajadores y el conjunto del pueblo.

Ante el fracaso del plan apelan a un nuevo préstamo con el FMI que, además de prolongar los sufrimientos de los trabajadores y del pueblo, termina entregando nuestra soberanía.

Así profundiza el ajuste.

El colectivo de discapacidad recibió golpes demoledores. No tuvieron reparos en el despido de trabajadores con discapacidad, en destruir las políticas tendientes a la integración social, al trabajo, a la salud, a la educación en todos sus niveles, al transporte accesible y a todos aquellos elementos que hacen posible una vida digna.

Los desfinanciamientos a las provincias provocaron el cese de prestaciones de salud, de rehabilitación, de diversos tratamientos, de medicación indispensable para la salud.

Se implementaron auditorías a las pensiones otorgadas a Personas con Discapacidad (PcD) que son una excusa que termina en la quita de la pensión. Del mismo modo, el inicio de los trámites para obtener pensiones está prácticamente suspendido.

En todo el país se cerraron los Centros de Referencia (CDR) que son espacios locales de gestión que funcionan como delegaciones del Ministerio de Capital Humano en municipios y provincias, donde profesionales brindan asesoramiento para facilitar el acceso a distintos programas y servicios. Lejos de redistribuir las tareas de los empleados estos fueron despedidos.

Entonces, lo que sucede en discapacidad está íntimamente ligado a lo que ocurre a todos los sectores populares en la Argentina.

Ante el cierre de institutos en todo el país, cientos de profesionales como médicos, psiquiatras, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos quedan sin trabajo.

Aquí no se trata de una desatención o una política solamente hacia el sector de la discapacidad. Se trata de la política de un Gobierno que se desentiende de la población en su conjunto y niega sistemáticamente sus derechos desconociendo la Constitución y las leyes, además de tratados internacionales.

Si bien hay que insistir en todas las instancias, la solución está lejos y no hay voluntad en este Gobierno de mejorar la situación de las PcD. Por el contrario, su política está basada en la destrucción de sus derechos.

En el Gobierno últimamente está circulando un proyecto irónicamente llamado Ley de Igualdad Ante la Ley que se propone eliminar el Cupo Laboral de las Personas con Discapacidad, el Cupo Trans, la Ley Micaela, el DNI Binario, entre otras políticas.

Este cuadro de situación que atraviesan las PcD revela la magnitud de destrucción y abandono al que son sometidos por el Gobierno. Se trata de un colectivo empobrecido con muchas dificultades para la autogestión.

Es por eso que se requiere, aún más, integrar sus reivindicaciones de manera visible a la lucha de nuestra ATE y nuestra CTA contra el plan económico y hasta derrotar a este Gobierno hambreador y vendepatria.

*Por Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE.