En este sentido, la Defensoría señaló el “desfinanciamiento” de parte del Gobierno nacional en materia de políticas destinadas a prevenir y combatir el uso problemático de este tipo de sustancias. Así, remarcaron que, según datos de la ejecución presupuestaria, el gobierno congeló “544 millones de pesos” de la partida destinada a la prevención e investigación sobre consumos problemáticos. “Es decir, la partida no se actualiza desde 2023, cuando la inflación acumulada de 2024 roza el 73 por ciento”, planteó.

En esta línea, el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, quien tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría, analizó: “No entender la disminución de la demanda vía generación de evidencia y prevención, es ir contra las políticas más eficaces en el mundo”.

Desfinanciamiento en la lucha contra las adicciones

“Estamos a mitad de año y, como es lógico ante la licuación, ya se devengaron 409.5 millones de la partida asignada, casi el 80 por ciento. Hoy, la política de prevención de adicciones es prácticamente nula, el desfinanciamiento es claro. Argentina es uno de los países de América Latina con mayores niveles de consumo de cocaína y marihuana, sólo superado por Uruguay y Chile”, marcó.

Según la Defensoría, se estima que hay más de cinco millones de personas afectadas en Argentina por el uso de sustancias ilegales. “La situación actual exige una respuesta integral y multifacética. El Estado nacional no puede desentenderse. Las políticas públicas deben centrarse en la prevención, hoy relegada, y en el abordaje coordinado, dado que la alta prevalencia de uso de sustancias ilícitas representa un desafío significativo para la salud pública y la cohesión social”, concluyó Martello.