YPF: ¿El fallo es “contra Kicillof”?

Redacción Canal Abierto | Ayer se conoció el fallo de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el que le ordena al Estado argentino transferir las acciones que posee en YPF (el 51% de la compañía) a los fondos Burford Capital y Eton Park, como parte de pago por la estatización de la petrolera, concretada en 2012.

En septiembre de 2023, la magistrada ya había resuelto a favor de los llamados fondos buitre, cuando impuso una ominosa multa, en concepto de indemnización, por más de USD 16.000 millones. Según precisó el medio especializado Econojournal, el gobierno debería haber depositado una garantía durante el proceso de apelación, pero como no lo hizo ahora la jueza estadounidense accedió al pedido de embargo sobre las acciones de la petrolera.

Un dato para tomar dimensión de la “estafa”, como calificó la operación la referente de izquierda, Myriam Bregman:

El fondo inglés, propiedad del abogado Christopher Bogart, que se dedica a la compra de litigios económicos como negocio financiero, solo desembolsó unos USD 17 millones para meterse por la ventana en el juicio iniciado por el Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi. Es decir, alrededor del 1% de la multa impuesta en 2023 al país. El fondo se quedaría con un 40% de ese botín.

Y otro dato, para dimensionar el valor y el rol que tomó YPF desde 2012, en palabras de la propia gestión libertaria:

Gracias al impulso estatal, con la empresa como motor del desarrollo de Vaca Muerta, Argentina podría exportar en 2030 unos USD 30.000 millones en hidrocarburos, según proyecta el actual CEO y Presidente de la firma, Horacio Marín.

“Vamos a hacer una YPF de 1 millón de barriles equivalentes para el 2030”, había afirmado en abril pasado, ante analistas e inversores en la New York Stock Exchange. Con inversiones por USD 7000 millones, “vamos a ser una de las 10 mejores productoras de shale del mundo y la primera exportadora de la Argentina”, dijo sobre las expectativas para los próximos 5 años.

Riesgo de privatización

La reacción del gobierno libertario fue, en el marco de la campaña electoral, reducir la disputa a una cuestión local. “Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”, tuiteó Javier Milei al conocerse la decisión de Preska, en un posteo titulado “un fallo contra Kiccilof”.

Por su parte, el gobernador bonaerense y principal referente peronista luego de la condena a Cristina Kirchner, se refirió a la decisión de la jueza estadounidense como “un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”, al tiempo que alertó sobre las intenciones del Gobierno de vender la compañía, algo sobre lo que Milei se había pronunciado antes de asumir, pero que luego pareció disiparse.

“Lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza; lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger”, dijo sobre la reacción oficial. “No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…”, sostuvo en sus redes.

En esa línea, Kicillof denunció la intención de la administración de Milei de privatizar la compañía. “Su candidato en la Provincia lo acaba de confesar sin disimulo”, señaló. En esa línea, adelantó que esta tarde, a las 18 horas, realizará una conferencia de prensa, “en virtud de la gravedad de tal riesgo”.

Las reglas de la estafa

Otra de las referentes políticas de peso que se pronunció en relación a la resolución de Preska fue la exdiputada nacionalpor el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien explicó las condiciones normativas que hacen posible la medida judicial de Preska.

“Claramente, como se ve en otros terrenos, hay una tendencia cada vez más potente de las cortes de Estados Unidos de expandir su competencia internacional”, señaló la abogada. Y recordó que “el camino de aceptar la subordinación de Argentina en temas como los de la deuda externa, privatizaciones y otros, lo inició el dictador Onganía mediante dos decretos; luego, la dictadura cívico-militar que tomó el poder en 1976 rápidamente, en abril de ese año, eliminó la obligación de la competencia de la Justicia nacional y permitió intervenir a la extranjera. En marzo de 1981, ese artículo volvió a ser modificado en perjuicio del país. Además de prorrogarse la jurisdicción a favor de jueces extranjeros, se promovió la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”.

“Con posterioridad -continuó Bregman- acuerdos, contratos y tratados internacionales -incluidos los Tratados Bilaterales de Inversión, las leyes y estatutos de las privatizaciones, hasta el actual RIGI votado bajo el gobierno de Milei con la complicidad de algunos radicales y peronistas- sometieron al país a jurisdicción de tribunales extranjeros, particularmente a tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido y el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Así, la inmunidad inherente a la condición de un país soberano desaparece”, denunció.

Ante este panorama, “mi posición es que las estafas no se pagan, así que todo lo que ya se llevaron es ‘de arriba’ porque la privatización de YPF fue un negociado muy sucio”, sostuvo. “Y más bien REPSOL, los involucrados en la llamada renacionalización (los empresarios, los bancos, los fondos buitre y quienes hicieron todo tipo de chanchullos) son los que deberían indemnizar al país y no al revés. No se les tendría que haber dado un peso y, en cambio, nacionalizarse para que YPF sea una empresa 100% pública gestionada por sus trabajadores y técnicos”.

La dirigente de Izquierda también señaló que la solución no es arrodillarse ante los fondos buitres y el poder extranjero, sino declarar la “nulidad absoluta” de toda prórroga de jurisdicción argentina a favor de tribunales arbitrales y/o judiciales extranjeros en esta materia.

Fuente: https://canalabierto.com.ar