YPF, un juicio que desnuda viejas complicidades
Por Juan Severo
El conflicto judicial que atraviesa YPF en los tribunales de Nueva York no es un hecho aislado ni un capricho de un juez extranjero. Es la consecuencia de una cadena de decisiones políticas, económicas y judiciales que desnuda las complicidades del poder en la Argentina y la fragilidad con la que se administraron los recursos estratégicos del país.
El ingreso del grupo Eskenazi en 2007, apalancado en dividendos futuros que nunca aportaron capital propio, fue una maniobra que dejó a la empresa en manos de un socio financiero sin músculo real, pero con un entramado de relaciones políticas que facilitó la operación. Repsol se desprendía de parte de YPF y Eskenazi obtenía un negocio fabuloso sin arriesgar patrimonio. La pregunta que hoy resuena, y que interpelan los gobernadores petroleros, es quién permitió semejante irregularidad y por qué.
El fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares más intereses y hasta llegó a ordenar la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, pone a la Nación en un lugar incómodo. Pero también deja al desnudo que las provincias productoras, dueñas del 49% de ese paquete expropiado en 2012, han sido sistemáticamente ignoradas en el proceso judicial y político. El federalismo, una vez más, aparece como víctima de un modelo centralista que decide en Buenos Aires lo que afecta directamente a las provincias.
En 2012, cuando el Congreso sancionó la ley de expropiación, el discurso fue recuperar la soberanía energética. Sin embargo, pocos hablaron de las condiciones en que se había entregado YPF años antes, ni de la fragilidad legal con la que se actuó en el proceso. Hoy, esas omisiones tienen consecuencias, fondos buitres que lucran con la crisis, una justicia extranjera que define sobre un recurso estratégico y un Estado nacional que mira cómo el costo se traslada a toda la sociedad.
La reacción de los gobernadores Torres, Cornejo y Vidal al presentarse como querellantes y anunciar que llevarán el caso al Departamento de Justicia de EE.UU. marca un punto de inflexión. No se trata solo de un reclamo judicial, sino de un mensaje político, las provincias no están dispuestas a ser convidadas de piedra en la defensa de YPF. Chubut, incluso, ya presentó un amici curiae en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, buscando dejar en claro que el patrimonio de las provincias no puede ser embargado.
La gran enseñanza de este proceso es que la soberanía no se declama: se construye con instituciones sólidas, transparencia en las decisiones y responsabilidad política frente al pueblo. YPF fue, y debe seguir siendo, una herramienta estratégica para el desarrollo nacional. Pero si seguimos atados a viejas complicidades, negocios opacos y litigios que hipotecan el futuro, difícilmente logremos que la soberanía energética se traduzca en soberanía real.
La pregunta, entonces, no es solo cómo defender a YPF en los tribunales de Nueva York, sino cómo reconstruir la confianza política y social en que esta vez la empresa será administrada pensando en los argentinos y no en los dividendos de unos pocos.
Porque defender YPF no es solo defender una petrolera: es defender el derecho de las generaciones futuras a decidir qué país quieren construir.
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