“Nuestro trabajo de venta ambulante no perjudica a las multinacionales”

Redacción Canal Abierto | Ayer se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de modificación a la Ley 22.362 (Ley de Marcas), una iniciativa de la diputada nacional Natalia Zaracho con el apoyo de varios legisladores, que tiene como objetivo garantizar el derecho al trabajo digno para los trabajadores y trabajadoras de la venta ambulante y las ferias.

¿Qué plantea la modificación? El proyecto introduce dos cambios fundamentales. Por un lado, despenaliza la venta de productos que imitan marcas registradas, donde se establece que no será punible la comercialización de productos que imitan logos o marcas registradas cuando sea evidente que no se trata de productos originales, y cuando se trate de una actividad exclusivamente de subsistencia. Lo primero se podrá determinar por factores como el lugar de venta, el precio y la calidad del producto, siempre que no exista confusión en el consumidor. El proyecto además establece la prohibición del decomiso y destrucción de mercadería por parte de las fuerzas de seguridad.

La propuesta se realiza en un contexto en el que por la recesión económica crece la cantidad de personas que se dedican a la venta callejera, mientras en paralelo se intensifica la persecución de los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad a la actividad. Según estimaciones realizadas en el sector, desde diciembre hasta la actualidad los vendedores ambulantes -solo en CABA- pasaron de ser 35.000 a 60.000: un aumento de casi un 50%.

En ese marco, la ley de Marcas y Designaciones es utilizada sistemáticamente “como un instrumento de castigo para el laburo que realizamos quienes vendemos en la calle”, explica Fernando Vaimbrand, presidente de la Federación de Trabajadores en Espacios Públicos (UTEP), uno de los expositores en la audiencia que se realizó ayer en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación.

En diálogo con Canal Abierto, el dirigente se refirió a los fundamentos del proyecto: “Nosotros no estamos perjudicando las grandes multinacionales, porque por el precio, por el lugar donde se venden y por la calidad los clientes saben que no son originales, y segundo, porque lo que hacemos nosotros representa un derecho básico que es el derecho al trabajo, que debe ser reconocido como tal en toda su diversidad”.

“Lo que nosotros vendemos -agrega- son elementos para generar nuestra propia subsistencia, frente a una economía que viene produciendo una exclusión muy grande en el país”.

“No estamos en contra de que se regule la actividad”

La falta de orden y la venta desleal son los principales argumentos de los gobiernos, y en particular el de la Ciudad de Buenos Aires, para cosechar el apoyo de los comerciantes y de algunos ciudadanos, y justificar los violentos operativos de desalojo y decomiso que viene  llevando adelante.

“Once se había convertido en un lugar intransitable, todo era un caos y ni vecinos ni comerciantes podían circular en paz. El 4 de octubre, realizamos un operativo histórico, sacamos a los manteros y le devolvimos el orden al barrio. Ahora, los vecinos volvieron a caminar tranquilos y los comerciantes no tienen que lidiar con quienes se creían dueños del espacio público”, escribió Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño a un mes de los desalojos masivos que llevó adelante Espacio Público junto a la Policía de la Ciudad en ese barrio de la Capital, y que arrasó también con dos galpones que el propio gobierno había dispuesto para la venta, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

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 “Entendemos que tienen que mantener un orden pero no entendemos la forma”, opina al respecto Vaimbrand. Y cuestiona: “El Gobierno de la Ciudad está mostrando como una gran victoria lo que hizo en Parque Patricios, en Retiro, en Parque Centenario, en Flores, en Once y en Constitución. Pero los vendedores no desparecen, se mueven a otro lado, el tema es que constantemente nos tenemos que mover de un lugar a otro para poder trabajar”. Para las mujeres con chicos en edad escolar o personas con discapacidad, que abundan en el sector, esto es un verdadero trastorno.

Ante esta situación, y ante operativos que incluyen el “robo” del material del trabajo, porque se decomisa y luego no se devuelve en su totalidad como establece la normativa, “nosotros creemos firmemente que lo que hay que hacer es regular la actividad”, sostiene el vendedor ambulante oriundo de La Matanza. “Pero el ordenamiento público -aclara- no debe ser desaparecer o barrer a todos los manteros o los vendedores ambulantes. Primero tiene que haber un reconocimiento de que nuestro trabajo existe y que es legítimo”.

Para ello, precisa, se debe crear un registro de trabajadores del espacio público y un monotributo específico. Esto también, “para que se termine la discusión de que no queremos pagar”. En la misma línea, agrega, se debe establece un canon por el uso del espacio público acorde a la actividad. Finalmente, ésta se debe realizar garantizando el libre tránsito y sin que haya competencia desleal. “Obviamente yo como mantero no me voy a poner con medias afuera de una mercería”, señala.

Para que esto pueda prosperar primero tiene que haber una decisión política que aún no existe. Para los vendedores, la persecución ocurre directamente porque son pobres, sino no se explica -argumenta Vaimbrand- que con los bares y restaurantes que ocupan las veredas no haya el mismo nivel de conflictividad.

Como primer paso, y “más allá de los resultados”, el dirigente de UTEP destaca que el proyecto sobre la Ley de Marcas haya llegado al Congreso para que más legisladores y personas puedan conocer las propuestas sobre las que vienen trabajando hace años y a partir de las cuales ya han presentado diversos proyectos de ley y de ordenanza a nivel local.

“Tenemos la expectativa –sostiene- que otras personas conozcan nuestra realidad, y no te digo que estén de acuerdo pero que al menos puedan acompañar desde otro lugar y entender que el comercio en el espacio público es la forma muchos encontramos para ganarnos la vida de una forma honesta y digna”.

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