Es importante encauzar las quejas de los consumidores en reclamos. Argentina no tiene la cultura del reclamo de otros países, como Estados Unidos, que tiene un sistema de protección al consumidor con sanciones muy fuertes. La única manera de cambiar conductas es con sanciones, pero tiene que haber reclamos que sustenten estas sanciones.

Las prepagas vuelven a aumentar, esta vez, por encima de la inflación. Porque la inflación de mayo fue de 1,5 por ciento y las prepagas aumentaron 2,7. Para julio, anunciaron subas de hasta 1,8 por ciento. Además, en la medición interanual de mayo, las prepagas aumentaron 67 por ciento frente a una inflación de 43,8 por ciento acumulado en el mismo período.

Estos aumentos se aplican en un contexto en que los salarios aumentan muy poco. De hecho, las subas paritarias no estiman aumentos de más de uno por ciento. Y los servicios básicos siguen aumentando, con tarifas dolarizadas. Es importante que las empresas informen con antelación los aumentos que aplicarán.

Caso testigo

Por otro lado, salió un fallo de la Cámara Nacional Comercial que da cuenta de que una jubilada estaba sobreendeudada. Tenía tomado casi el 60 por ciento de sus ingresos, lo que le imposibilita a cualquier jubilado tener una vida digna. Y la amenazaban con embargarle distintos bienes, incluyendo la casa.

Esta jubilada presentó un amparo, que, en primera instancia, salió favorable. La Cámara trabajó tres puntos. El primero es un trato digno, sin amenazas de embargo. La Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 8 bis, habla de esto, por lo que estas conductas de las empresas de crédito son sancionadas. El segundo punto es que se trata de una situación de gran vulnerabilidad, porque hablamos de una jubilada. Y el tercero hace hincapié en la falta de información clara, ya que no informaron a esta abuela sobre la aplicación efectiva del crédito y las tasas de interés.

Como resultado, la Cámara resolvió la nulidad de todos los contratos y quitar la deuda que la jubilada acarreaba. Y, por otro lado, le fijó una reparación económica a la usuaria por daño moral, con una indemnización de 2.600.000 pesos. A esto sumaron una multa civil a la empresa por el trato indigno y la falta de información a la jubilada, de más de 5.000.000 de pesos. Esto significa que el sistema protectorio se puede poner en marcha.

*Exdirector nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo